Hacia donde vamos

La capacidad jurídica es algo que la mayoría de nosotros damos por sentado, pero hay personas que se han visto privadas de derechos personalísimos como el derecho de sufragio, el derecho a la propia imagen, etc., y condenadas por tanto a su muerte civil, por el simple hecho de tener discapacidad.

El Informe del Comisariado Europeo de Derechos Humanos recoge que “el llamado cambio de paradigma en la política relativa a la discapacidad se describe con frecuencia como un cambio de enfoque, consistente en dejar de considerar como objetos a las personas con discapacidad para pasar a considerarlas como sujetos. Esto significa abandonar el planteamiento de la caridad y adoptar un enfoque basado en los derechos, y pasar del paternalismo a la atribución de competencias. Esto es una transición de la privación de la capacidad jurídica a la atribución del derecho a recibir apoyo para ejercer dicha capacidad jurídica Nuestro objetivo es que la persona con discapacidad desarrolle su autonomía como derecho, no como capacidad, teniendo como eje principal la Planificación Centrada en la Persona, donde la persona es el centro del proceso, se basa en sus derechos, su independencia y sus elecciones.

Por ello, la Fundación Tutelar Cantabria, evolucionada hacia una Fundación de apoyo a los derechos y a la capacidad jurídica, se convertirá en el instrumento que gestione una red de trabajo con administraciones, ámbito jurídico y sociedad en general que dé respuesta a los planteamientos de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad que plantean en sus artículos 12 y 13 de un igual reconocimiento ante la ley para todas las personas y el acceso a la justicia en igualdad de condiciones.

Las claves del proyecto residen en la puesta en marcha de una red de apoyos a los derechos de las personas con discapacidad, a través de la detección de situación de vulneración de derechos humanos de las personas con discapacidad y promoviendo la elaboración de un informe anual con los casos concretos. Y también, una red de apoyos a la capacidad jurídica de la persona con discapacidad generando acuerdos y protocolos con instituciones jurídicas y colegios profesionales de tal forma que se promueva el conocimiento de la discapacidad y su especialización.

Nuestra entidad forma parte del movimiento asociativo regional FEAPS Cantabria y a través de ella en CERMI Cantabria, además de pertenecer a la Asociación Española de Fundaciones Tutelares a nivel nacional.

La participación en CERMI Cantabria, la plataforma de representación y defensa de los ciudadanos y las ciudadanas con discapacidad de Cantabria, se canaliza de forma activa a través de las comisiones de trabajo que se han articulado para vehicular la participación y colaboración entre entidades y atender de forma más concreta las necesidades de las personas con discapacidad.

Una de ellas es la Comisión de Derechos de la Persona que sirve de puente para la evolución de la Fundación Tutelar hacia una Fundación de apoyo a los derechos y a la capacidad jurídica, y que nos permitirá avanzar en la definición de una red de apoyos a los derechos y a la capacidad jurídica de la persona con discapacidad.

La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con discapacidad debe ser nuestra guía de trabajo, y para ello nos apoyamos y orientamos en base a las siguientes premisas:

La Convención internacional de los derechos de la persona con discapacidad establece como definición de persona con discapacidad (Art.1) ”… a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás”. Es decir, la discapacidad no es una característica del individuo sino el resultado de la interacción entre una persona con unas circunstancias personales concretas y un entorno que limita, obstaculiza o impide el ejercicio de sus derechos. Figura 1

Las líneas de actuación trazadas en el articulado de la Convención, así como los Informes del Comisariado Europeo de Derechos Humanos nos obliga a reflexionar sobre el modelo de atención actual, y nos indica que las claves de futuro pasan por un trabajo en red con los poderes legislativo, ejecutivo y judicial y prestar apoyo a la capacidad jurídica de la persona, como garante de los derechos individuales de la persona con discapacidad, reivindicando un concepto de justicia más amplio que el estrictamente judicial, es decir, un acceso a la Justicia no discriminatorio y adecuado a las necesidades de las personas con discapacidad.

Para hacer funcionar este modelo social correctamente, es necesario poner en juego las normas (leyes) junto con un trabajo muy coordinado por parte de las organizaciones del sector (discapacidad) y todo ello con la implicación y la concienciación de la sociedad (agentes sociales), al objeto de favorecer la participación de la persona con discapacidad en los recursos sociales. Figura 2

Así, entre los objetivos está definir una red de apoyos a los derechos y a la capacidad jurídica de la persona con discapacidad, a través de la detección de situación de vulneración de derechos humanos de las personas con discapacidad y promoviendo la elaboración de un informe anual con los casos concretos, algo que ya hemos comenzado a elaborar y esperamos poder presentar el primer informe en breve plazo. Figura 3

Y también una red de apoyos a la capacidad jurídica de la persona con discapacidad generando acuerdos y protocolos con instituciones jurídicas y colegios profesionales de tal forma que se promueva el conocimiento de la discapacidad y su especialización. Figura 4

Para ello, contaríamos con un instrumento que gestione esta red, en este caso, una Fundación de Apoyos a los derechos y a la capacidad jurídica de la persona en Cantabria. Figura 5

A partir de aquí se iniciará un camino que tuvo sus primeros pasos el pasado 28 de octubre de 2013 con una jornada específica en la que participaron representantes de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, además de las entidades de la discapacidad, y en la que además de presentar el proyecto se avanzaron compromisos por parte de todos. Y que continuó su labor con la jornada que se celebró el 1 de Diciembre de 2014 en el marco del Parlamento de Cantabria, presentando un trabajo coordinado con la Universidad sobre un estudio sobre “adaptación de la legislación de la CCAA de Cantabria a la Convención Internacional de la ONU”.